jueves, 3 de marzo de 2011

Por la rentabilidad, las licencias de taxi valen el doble que en 2009

PUBLICADO EN TIEMPO ARGENTINO EL 2 DE MARZO DE 2011


Por Damián Pussetto
El valor promedio es de 70 mil pesos, muy lejos de los 3000 que costaban en 2000. El dato es uno más de los que reflejan la recuperación de un sector que en los ’90 daba refugio a profesionales y hoy no cubre todas las vacantes.
 

Números.  38 mil licencias de taxi habilitadas, según el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.  36 mil activas, según afirman fuentes de la Subsecretaría de Transporte comunal. 70 mil pesos hay que pagar por una de ellas, el doble de lo que costaba hace poco más de un año, muchísimo más que los escasos 3000 que cotizaba en 2000. 25 mil choferes que pagan alquileres de entre 200 y 300 pesos diarios, o trabajan por el 30% de la recaudación, como estipula el convenio. 5000 faltan y “cuesta encontrarlos”, confiesa  Jorge Celia, presidente de la Sociedad de Propietarios Automóviles con Taxímetro (SPAT).
GENTE. Si el descenso hacia la crisis más grave que pudiera registrar la historia doméstica tiró al piso el valor de los permisos, el mapa laboral comparado también es elocuente. “En esa época –recuerda Celia, titular de SPAT, la entidad más añeja del rubro, con 75 años– era habitual ver a psicólogos, abogados o plomeros manejando taxis. Nosotros, en buena medida vamos recibiendo a muchos excluidos del mercado laboral y la verdad es que se nos complica hallarlos ahora porque hay muchos menos.”
PRECIO. La novedad actual es que la tradición era que los importes acompañaran al dólar y esta vez no fue así, con la divisa verde planchando. Antes de caerse tanto, las licencias habilitantes rondaron los 25 mil pesos, allá por 1997 y 1998, después, la debacle y la lenta recuperación. En 2006 promediaron los $ 23 mil; en 2007, $ 27 mil; en 2008, rompieron la barrera de los 30 mil; y en 2009, la mitad de lo que se tasan en la actualidad. Aunque el récord lo tiene la ciudad de La Plata, con ofertas de hasta 120 mil pesos. En la Ciudad de Buenos Aires también hay transacciones de 80 mil y hasta 90 mil billetes. En ese punto, los que conocen la calle recomiendan tomarse el tiempo y recorrer para conseguir más baratas. 
HERENCIA. Con un padrón ensanchado fundamentalmente en las gestiones de Carlos Grosso y Jorge Domínguez, con cesiones a diestra y siniestra, el 11 de noviembre último se cristalizó en la Legislatura un acuerdo entre funcionarios, patrones y trabajadores, para poder dotar de certeza y razonabilidad a la flota. En el marco de una ley que reglamentó varias cuestiones relacionadas con el sector, se dispuso suspender “el otorgamiento de nuevas licencias hasta que el número total de vigentes sea de 32 mil”. Es decir, depurar, a esperar que caduquen las que sobran, y que el valor siga subiendo.
CAUSAS. Tanto las asociaciones empresariales, como las gremiales y los organismos estatales consultados por Tiempo Argentino coinciden en resaltar que la suba obedece, básicamente, a dos variables: 1) La rentabilidad actual. 2) Mucha gente lo utiliza como inversión, obteniendo un dinero mensual que les aseguran las mandatarias y que representa un buen negocio.
SOCIOS. El trato entre propietarios y peones reconoce modalidades propias de la actividad. Aun en relación de dependencia y con aportes de ley, el cuentapropismo se advierte en los pactos que se cambian en beneficio de las partes. El convenio colectivo de trabajo vigente señala que un chofer debe llevarse el 30% de la recaudación diaria, sin embargo, muchos optan por alquilar con una suma fija. Enrique Celi, presidente de la Unión de Propietarios de Autos Taxis, tiene su visión al respecto. “Eso nació para protegerse de los que trabajan mal. Si el chofer apaga el reloj y hace viajes que no están registrados, le ocasiona un perjuicio al dueño que, entonces, estipula un monto que tiene garantizado.”
CUENTAS. Alejandro Crespo, a ambos lados del mostrador, porque maneja su auto y da en alquiler otro, explica que “cuando se trabaja bien, al empleado le conviene porque puede hacerse una diferencia. Es una cuestión simple de números, lo que se está pagando por día para hacer un turno largo se consigue en cuatro, cinco, o seis horas, una vez que lo recauda, gana para él. Si, en cambio, se lleva el 30% del total, es menos. En los tiempos malos, el que gana es el patrón, porque se asegura el monto pase lo que pase, pero ahora no porque hay mucho trabajo”.
SINTONÍA. Celi también transita esos caminos y certifica que “el aumento de tarifa reciente se vuelca en salarios y mantenimiento. Nosotros habíamos pedido un 35% porque tenemos que equilibrar entre emparejar los costos y no hacer el servicio demasiado elevado, tal que la gente no nos tome. Lo concreto es que alquilando o a porcentaje, cualquier chofer llega cómodamente al mínimo de $ 2800”. 
TEMPERATURA. Desde la SPAT, Jorge Celia apura una definición que resuma pasado y presente: “El taxi es un termómetro del país, cuando hay dificultades se nota y cuando vamos bien, también. La verdad es que nosotros pensamos que las licencias están subvaluadas y que van a subir más todavía”. ¿Quién podría apostar que no será así? 

sábado, 8 de enero de 2011

Hallan a otros 276 obreros y 3 chicos esclavizados en Ramallo y Arrecifes

PUBLICADO EN TIEMPO ARGENTINO EL 8 DE ENERO DE 2011


El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo allanó los campos de las firmas Southern Seeds Production y Satus Ager por supuesta violación a la ley de prevención de trata de personas. UATRE denunció 546 nuevos casos en la zona. 


dpussetto@tiempoargentino.com.ar

Al tiempo que el precio del maíz sigue creciendo en el mundo, brindando rendimientos formidables y se proyecta una muy buena cosecha de entre 22 y 27 millones de toneladas, la serie de inspecciones y detecciones de trabajo esclavo en la provincia de Buenos Aires no se detiene. Ayer, incluso, tomó intervención la justicia federal y hubo tres nuevas en Ramallo y Arrecifes, en las que se hallaron a 276 personas mayores y tres menores en condiciones insalubres en establecimientos de las firmas Southern Seeds Production y Satus Ager, que fueron clausuradas.
Los operativos conjuntos de los ministerios de Trabajo nacional y provincial permitieron la suspensión de actividades y el comienzo del proceso para que los trabajadores cobren sus salarios y vuelvan a sus hogares en Santiago del Estero y Tucumán. Por su parte, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, llevó adelante los allanamientos por supuesta violación a la Ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas.
A su vez, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Municipio de Ramallo examinaron campos en las localidades de El Paraíso y Pérez Millán y encontraron a otros 546 hombres en circunstancias similares. El intendente, Ariel Santalla, confirmó que enviará fotos y actas a la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense para que continúe con la investigación.
Lo actuado ayer por ambas carteras laborales empezó en un primer sector de la Estancia Santa Celestina, en Ramallo, explotada por Satus Ager, donde se contabilizaron a 17 varones en casillas de chapa a pleno sol, sin instalaciones eléctricas y que desempeñaban las tareas sin elementos de seguridad. Cruzando la Ruta 9, en el segundo campamento, se encontraron a tres cuadrillas que sumaban 45 obreros que acusaron no recibir alimentos desde el día anterior y aseguraron que los baños químicos fueron instalados en las últimas horas. A su vez, relataron que debían lavar sus pertenencias en envases de agroquímicos y que nunca tuvieron acceso a atención médica. También se constató la presencia de tres chicos de entre 16 y 17 años, uno de los cuales exhibió una fotocopia de DNI adulterada.
En el Paraje El Paraíso, a la altura del Cuartel 13, en Ramallo, fue registrada otra entidad rural, en este caso, a cargo de Southern Seeds Production, que contaba con la presencia de 35 peones. Allí se escucharon quejas respecto de la atención sanitaria, el costo de la comida y la ropa que ellos mismos debían comprar, y se verificó que las tareas se desarrollaban durante 12 horas por día como mínimo, sin descanso semanal.
Por último, en el kilómetro 50 de la Ruta 191, en Arrecifes, fueron hallados 179 jornaleros realizando tareas para Satus Ager, en pésimas condiciones de habitabilidad y sin respetar ninguna de las normas laborales, ni de seguridad e higiene.
El 30 de diciembre pasado, Tiempo Argentino daba cuenta del hallazgo de 120 esclavizados en un campo de la firma Nidera, en el paraje Beladrich, en San Pedro. El martes 4 se hallaron a otros 69 en uno de la empresa Southern Seeds Production (SSP), en el paraje La Luisa. Todos volvieron a Santiago del Estero y el fiscal Rubén Darío Giagnorio imputó a 12 personas en la causa que instruyó por “reducción a servidumbre”.
Tras confesar que a medida que avanzaba lo “sorprendía la gravedad de los hechos”, este miércoles efectuó dos denuncias en la justicia federal, fuero al que seguramente irá a parar toda su instrucción.
Justamente, eso y las inspecciones de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), posibilitaron la intervención de Villafuerte Ruzo y la fiscal Paula Moretti.
La funcionaria detalló luego a la prensa lo que encontró en la finca de Ramallo. “Cuchetas al estilo militar, agua que traen de un molino que funciona cuando hay viento y cargan en tachos de glifosato, obreros que no saben cuánto van a cobrar, que les descuentan los implementos para higiene personal, que se los trae un proveedor pero no saben a qué precio, que no tienen heladera, que se les pudre la carne que les dan, que firman un contrato que dice que no pueden salir de ahí y que no tienen comunicación con su familia.”
Julio Piumato, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, precisó además que en el lugar “se constituyó Pablo Lanusse –en referencia al ex interventor de la provincia de Santiago del Estero entre el 2 de abril de 2004 y el 23 de marzo de 2005–, ya que aparentemente la empresa es de un familiar de él. Daba la sensación de que querían hacer tráfico de influencias, porque no tenía nada que ver ahí”.
Lo cierto es que en la extensa pampa húmeda tal vez otros cientos o miles estén a la espera de volverse visibles y, así, poder alejarse del infierno. 

jueves, 6 de enero de 2011

Liberaron a los obreros esclavizados

PUBLICADO EL 6 DE ENERO DE 2011 EN TIEMPO ARGENTINO


VOLVIERON A SANTIAGO DEL ESTERO

Por Damián Pussetto

dpussetto@tiempoargentino.com.ar


Son 69 personas halladas en un campo de San Pedro. El fiscal Giagnorio hizo dos denuncias más. Ya hay 12 imputados.
 

Los 69 trabajadores hallados el martes en un campo de la firma Southern Seeds Production (SSP) en muy malas condiciones de salud e higiene arribaron a un acuerdo ayer para el pago de sus salarios e inmediatamente volvieron a Santiago del Estero, tal como hicieron los 120 detectados el 30 de diciembre en un paraje cercano de la empresa Nidera.
Se efectuó el pago de $ 110 por jornal, y a las 22:00 los trabajadores, que no sabían que habían sido trasladados a la provincia de Buenos Aires, partieron desde la terminal de Retiro con los pasajes que aportó la cartera laboral.
Las detecciones generaron una causa penal por “reducción a servidumbre”, que instrumentó el fiscal Ruben Darío Giagnorio de la UFI 6 y, además, el trámite administrativo por infracción a leyes laborales y normas de salud e higiene, en el ministerio.
En la causa declararon ayer los cinco involucrados de SSP, por lo que hasta el momento son 12 los imputados. Al mismo tiempo, Giagnorio presentó denuncias en la Justicia Federal sobre otros dos campos. Luego de la feria judicial, ese sería el destino de la investigación que lleva adelante, por cuanto el delito de trata de personas es de competencia federal y podría tanto inhibirse como serle requerido a ese fuero lo actuado.
Ayer, el fiscal le adelantó a Tiempo Argentino que lo que observó es “mucho más grave de lo que pensaba en principio”.
A la par, la intervención del ministerio es la que permitió que ambos establecimientos tengan faja de clausura, que sean pasibles de multas de hasta $ 5000 por cada empleado y que ellos puedan retornar a sus lugares de origen respetando un protocolo firmado entre la Nación y las provincias.
El ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Antonio Cuartango, le explicó a este diario que “se tiene la presunción de que todos estaban en negro. Pero no es una verdad absoluta, las firmas disponen de cinco días hábiles para presentar los registros laborales, y  es factible que los tengan. Lo cierto es que al momento de las inspecciones, nadie exhibió un documento que lo uniera legalmente con la empresa. Independientemente de eso, es incontrastable que se trata de trabajo esclavo y que no podrán desvirtuarse las infamantes condiciones que registramos. Las tareas se realizaban de sol a sol, de lunes a lunes, en lugares vergonzosos, sin privacidad, higiene y seguridad. Manipulaban agrotóxicos sin guantes y, todavía más, los envases de esos productos se utilizaban como muebles para apoyar cosas. Eso no se va a desvirtuar en un trámite administrativo.”
Las irregularidades descubiertas en las inspecciones, a la que se agregó una tercera el lunes, impulsada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), tendrán que ser subsanadas totalmente para que la actividad retorne.
“Si desean reanudar la tarea –aseguró Cuartango–, deberán cumplir con la ley. La lucha contra el trabajo no registrado es intransigente y preservar la vida no admite concesiones. Estamos dispuestos a hacer operativos conjuntos con el ministerio nacional y esto ya lo hablé con Carlos Tomada, que nos dio su apoyo. Esto excede las competencias. Se trata de humanidad. Es infame la condición en la que estaba esta gente.”

miércoles, 5 de enero de 2011

Trabajo esclavo: el fiscal dice que hay una “organización criminal”

PUBLICADO EL 5 DE ENERO DE 2011 EN TIEMPO ARGENTINO

EL 30 DE DICIEMBRE HABÍAN HALLADO A 120 EN UN CAMPO DE LA EMPRESA NIDERA


El lunes encontraron a 144 personas y ayer a 60, todas en San Pedro. El fiscal Rubén Giagnorio lleva adelante una causa por “reducción a la servidumbre”. Hay siete involucrados, entre ellos, dos ingenieros y dos capataces.
 



Acaso las palabras del fiscal Rubén Darío Giagnorio –a cargo de la UFI 6 de San Nicolás–, fueron elocuentes para certificar que la detección de 120 personas que trabajan en condiciones infrahumanas en San Pedro no se trataba de un hecho aislado. El funcionario aseguró que “hay una organización criminal dedicada a reclutar personas con destino a trabajo esclavo, no sólo para Nidera, sino para otros establecimientos rurales”. El lunes descubrió a otras 144 en el paraje La Rosada y ayer a 60 en el paraje La Luisa, ambas de la empresa Southern Seeds Production (SSP).
El cuadro de situación con que se encontraron las autoridades no fue tan dantesco como el anterior, no había menores de edad y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) certificó que los empleados estaban registrados, pero dormían todos juntos en una carpa, sin luz y con la cocina a la intemperie.
Ayer, mientras efectivos policiales se apersonaban en la sede de SSP en Arrecifes para buscar más información, el fiscal allanó la otra finca, donde se identificaron a 60 personas en condiciones similares.
Convocados para desflorar maíz, la mayoría fue reclutada a mediados de diciembre en provincias del norte. En el caso de Nidera, específicamente, muchos eran oriundos de Santiago del Estero y Tucumán, a donde ya regresaron tras conseguir el pago de alrededor de 5000 pesos cada uno.
Sin luz, sin agua potable, sin baño, trabajando más de diez horas diarias, incluido el día de Navidad, la tarea implicaba unos 30 días más y no recibían paga diaria, sino que el trato era abonar todo al final. Sin embargo, la comida que consumían les era descontada de ese hipotético monto a recibir.
Y allí también la situación era escandalosa, ya que les vendían los productos a precios exorbitantes: pagaban $ 80 por una bolsa de papas, $ 65 la de cebollas y $ 7 el paquete de fideos. Además, se detectó una importante cantidad de alimentos distribuidos por Comat SA –propiedad del ex concejal radical Eugenio Abel González, quien deslindó responsabilidades–, con el sello del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Es decir, destinados a planes sociales de ayuda a los sectores más vulnerables. Por eso, entre las siete personas que estuvieron detenidas, recuperaron la libertad y siguen involucrados, están los tres proveedores: Gonzalo Santos Barberis, Mauro De Rosa y Alfredo Laserna. Los otros implicados son dos ingenieros de la empresa Nidera, Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, y dos capataces, Andrés Humberto Hoyo y Diego Patrocinio Acosta. Según el fiscal, todos están “muy comprometidos”.
No fue fácil avanzar para Giagnorio. Hace un mes le ordenó a la patrulla rural que rondara los campos. Con los informes que recibió solicitó una orden de allanamiento a la titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de San Nicolás, pero la jueza María Laura Vázquez se la negó. No se detuvo y comunicó la novedad a los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, de Nación. Así fue que Trabajo inspeccionó el lugar, el fiscal fue como veedor y ante las evidencias, comenzó la causa por “reducción a servidumbre”.