EL 30 DE DICIEMBRE HABÍAN HALLADO A 120 EN UN CAMPO DE LA EMPRESA NIDERA
Acaso las palabras del fiscal Rubén Darío Giagnorio –a cargo de la UFI 6 de San Nicolás–, fueron elocuentes para certificar que la detección de 120 personas que trabajan en condiciones infrahumanas en San Pedro no se trataba de un hecho aislado. El funcionario aseguró que “hay una organización criminal dedicada a reclutar personas con destino a trabajo esclavo, no sólo para Nidera, sino para otros establecimientos rurales”. El lunes descubrió a otras 144 en el paraje La Rosada y ayer a 60 en el paraje La Luisa, ambas de la empresa Southern Seeds Production (SSP).
El cuadro de situación con que se encontraron las autoridades no fue tan dantesco como el anterior, no había menores de edad y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) certificó que los empleados estaban registrados, pero dormían todos juntos en una carpa, sin luz y con la cocina a la intemperie.
Ayer, mientras efectivos policiales se apersonaban en la sede de SSP en Arrecifes para buscar más información, el fiscal allanó la otra finca, donde se identificaron a 60 personas en condiciones similares.
Convocados para desflorar maíz, la mayoría fue reclutada a mediados de diciembre en provincias del norte. En el caso de Nidera, específicamente, muchos eran oriundos de Santiago del Estero y Tucumán, a donde ya regresaron tras conseguir el pago de alrededor de 5000 pesos cada uno.
Sin luz, sin agua potable, sin baño, trabajando más de diez horas diarias, incluido el día de Navidad, la tarea implicaba unos 30 días más y no recibían paga diaria, sino que el trato era abonar todo al final. Sin embargo, la comida que consumían les era descontada de ese hipotético monto a recibir.
Y allí también la situación era escandalosa, ya que les vendían los productos a precios exorbitantes: pagaban $ 80 por una bolsa de papas, $ 65 la de cebollas y $ 7 el paquete de fideos. Además, se detectó una importante cantidad de alimentos distribuidos por Comat SA –propiedad del ex concejal radical Eugenio Abel González, quien deslindó responsabilidades–, con el sello del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Es decir, destinados a planes sociales de ayuda a los sectores más vulnerables. Por eso, entre las siete personas que estuvieron detenidas, recuperaron la libertad y siguen involucrados, están los tres proveedores: Gonzalo Santos Barberis, Mauro De Rosa y Alfredo Laserna. Los otros implicados son dos ingenieros de la empresa Nidera, Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, y dos capataces, Andrés Humberto Hoyo y Diego Patrocinio Acosta. Según el fiscal, todos están “muy comprometidos”.
No fue fácil avanzar para Giagnorio. Hace un mes le ordenó a la patrulla rural que rondara los campos. Con los informes que recibió solicitó una orden de allanamiento a la titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de San Nicolás, pero la jueza María Laura Vázquez se la negó. No se detuvo y comunicó la novedad a los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, de Nación. Así fue que Trabajo inspeccionó el lugar, el fiscal fue como veedor y ante las evidencias, comenzó la causa por “reducción a servidumbre”.
El cuadro de situación con que se encontraron las autoridades no fue tan dantesco como el anterior, no había menores de edad y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) certificó que los empleados estaban registrados, pero dormían todos juntos en una carpa, sin luz y con la cocina a la intemperie.
Ayer, mientras efectivos policiales se apersonaban en la sede de SSP en Arrecifes para buscar más información, el fiscal allanó la otra finca, donde se identificaron a 60 personas en condiciones similares.
Convocados para desflorar maíz, la mayoría fue reclutada a mediados de diciembre en provincias del norte. En el caso de Nidera, específicamente, muchos eran oriundos de Santiago del Estero y Tucumán, a donde ya regresaron tras conseguir el pago de alrededor de 5000 pesos cada uno.
Sin luz, sin agua potable, sin baño, trabajando más de diez horas diarias, incluido el día de Navidad, la tarea implicaba unos 30 días más y no recibían paga diaria, sino que el trato era abonar todo al final. Sin embargo, la comida que consumían les era descontada de ese hipotético monto a recibir.
Y allí también la situación era escandalosa, ya que les vendían los productos a precios exorbitantes: pagaban $ 80 por una bolsa de papas, $ 65 la de cebollas y $ 7 el paquete de fideos. Además, se detectó una importante cantidad de alimentos distribuidos por Comat SA –propiedad del ex concejal radical Eugenio Abel González, quien deslindó responsabilidades–, con el sello del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Es decir, destinados a planes sociales de ayuda a los sectores más vulnerables. Por eso, entre las siete personas que estuvieron detenidas, recuperaron la libertad y siguen involucrados, están los tres proveedores: Gonzalo Santos Barberis, Mauro De Rosa y Alfredo Laserna. Los otros implicados son dos ingenieros de la empresa Nidera, Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, y dos capataces, Andrés Humberto Hoyo y Diego Patrocinio Acosta. Según el fiscal, todos están “muy comprometidos”.
No fue fácil avanzar para Giagnorio. Hace un mes le ordenó a la patrulla rural que rondara los campos. Con los informes que recibió solicitó una orden de allanamiento a la titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de San Nicolás, pero la jueza María Laura Vázquez se la negó. No se detuvo y comunicó la novedad a los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, de Nación. Así fue que Trabajo inspeccionó el lugar, el fiscal fue como veedor y ante las evidencias, comenzó la causa por “reducción a servidumbre”.
