Crearon una cooperativa de ambulancias barriales

PUBLICADO EN TIEMPO ARGENTINO EL 9/4/2011

EN FEBRERO HUBO OTRA MUERTE POR FALTA DE ATENCIÓN EN LA 31 BIS
La impulsa una organización social en Zavaleta. Con tres autos de vecinos, siete choferes se capacitan en primeros auxilios. En otros barrios también están empezando a armarlas.
Por Damián Pussetto

Más allá de las construcciones prolijas, más acá de la avenida en la que nadie para, después de la pila de autos abandonados, justo en aquellos sitios que los mapas esconden con gris. En uno de ellos o en cualquiera se murió el martes Humberto Ruiz de muerte antinatural, y sus vecinos subieron el dolor a la autopista. Pero la muerte cotidiana no se lleva bien con los flashes e insiste en llenarse de nombres cuando las cámaras no están. Hace casi dos meses Pascual Ferreira murió en un carrito de cartonero en la puerta del Hospital Fernández, empujado por sus desesperados amigos de la 31 bis. Hace casi dos años, Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) afirmó que “por las condiciones de inseguridad”, las ambulancias no podían entrar a los barrios más postergados de la ciudad. Y no entraron nunca más.
La escandalosa ausencia del Estado se emparcha entonces como se puede. Y muchas veces no se puede. Por eso, la organización social La Poderosa puso en marcha en Zavaleta la cooperativa “Ambulancieros poderosos”, que ahora comienza a germinar también en la 31-bis. Con tres autos aportados por vecinos, siete jóvenes se están capacitando en la pista del autódromo Juan Gálvez y reciben instrucción de médicos voluntarios para tener noción de primeros auxilios y utilizar los botiquines que se compraron.
Y el Estado, otra vez ausente. Siempre ausente. Es que el gobierno porteño ni siquiera contestó la presentación formal de octubre de 2009 pidiendo que la Ciudad contrate como choferes a la gente de los barrios.
Entonces, ¿cómo se solventan los costos? En las asambleas se contesta con simpleza y contundencia: “De la misma manera que financiamos nuestros cajones, entre todos. Un sepelio cuesta no menos de $ 3000 que nadie tiene y lo ponemos entre todos. También lo hacemos para ocuparnos de nuestra salud.”
Mientras tanto, hasta que la cooperativa termine de arrancar, se corre a los hospitales en autos particulares, a pie, en carritos, en bicicleta… De todas las formas posibles, menos la más obvia y elemental, que sería sobre una camilla en una ambulancia estatal.
Al tiempo que los medios hacen humo de neumático sobre el asfalto, Pascual, Humberto, Luisito, Kevin, Leila y tantos otros inflan la oprobiosa lista en los barrios invisibles donde se muere de pobreza, indiferencia y abandono.
El principio del fin de Pascual empezó la noche del 10 de febrero, cuando recibió un balazo y con la fuerza de sus 27 años aguantó mientras en el SAME le informaban a sus amigos que estaban “en camino”, que “iban para allá”, que “ya” llegaban y otras mentiras.
Cecilia, su mujer de 24, lo abrazó y le susurró palabras que él respondió con el último hilo de vida que le quedaba, antes de comprender ambos que no había que seguir esperando. Los vecinos lo subieron a un carrito y tiraron, tiraron y tiraron, pero en la vereda del hospital la exclusión se unió a la bala para ser un escollo infranqueable.
Roxana, su hijita de 7 años, todavía lo extraña sin remedio. “Mi papá me llevaba y retiraba de la escuela todos los días. Íbamos los tres al río de la costanera a pescar los fines de semana, y también a los lagos de Palermo, a darle pan a las palomas.” Después llora y no dice más. Arquea sus labios y la mueca triste se queda con ella. 

Harto de las trabas en la Ciudad, mudará su fábrica a la provincia

PUBLICADO EN TIEMPO ARGENTINO EL 5 DE ABRIL DE 2011

Por Damián Pussetto

Una pyme ubicada en Pompeya tiene la habilitación en trámite desde 2002. Su dueño, que tuvo que cerrar en los ’90, enfrenta ahora una causa por “violación de clausura” y jura que prefiere ir preso antes que pagar una multa exorbitante.
 

Los ojos se le enrojecen de bronca. Aprieta los labios, lucha contra el recuerdo y cae vencido. La postal del 20 de diciembre de 2001 vuelve y entonces siente el ruido, pesado y frío, de la persiana llegando hasta el piso. Aquella vez la topadora neoliberal lo arrasó tras seis años de pelearle a una quiebra profunda, más profunda que él; ahora, puesto de pie de nuevo, mira las máquinas desprovistas de vida y se ubica en la encrucijada con dos decisiones tomadas. Marcelo Lenarduzzi, de él se trata, mudará su fábrica de Pompeya a la provincia de Buenos Aires, harto de que lo echen, e irá preso, si la justicia lo determina, antes que pagar una multa que pretenden imponerle.
La debacle que arrolló a 350 mil  pymes en los ’90 le había dejado un resquicio de fuerza a Marcelo, el hijo de don Pedro, fundador de Instrumentos & Comandos, aunque tenía otro nombre, hace 45 años. En 2002, entonces, decidió reabrir y eligió un galpón sobre Agustín de Vedia por los beneficios de exención en Ingresos Brutos y rebajas en ABL destinados a repoblar una zona en la que abrumaban los vacíos. Eligió una pesadilla.
El expediente de habilitación 52185/2002 nunca llegó a terminarse y empezó a correr una carrera en la que siempre le corrían la meta. Encima, con una citación para mañana en la fiscalía de faltas Nº 12, de la justicia penal contravencional porteña en el marco de la causa  3303/2010, por supuesta violación de clausura, se enfrenta a la posibilidad de pagar una multa de entre $ 6000 y $ 20 mil o ir a la cárcel de 3 a 10 días.
“Primero fui notificado para comparecer con solamente veinticuatro horas de anticipación, no sé si lo hicieron así por casualidad, inoperancia o malicia. La abogada presentó una apelación y me dieron nueva fecha para el 6”, dice, mientras revuelve papeles y certificados de las varias carpetas que ya llenó el trámite eterno e inconcluso.
La compañía es una de las pocas que realiza en el país matrices de inyección de aluminio y piezas de vehículos de transporte para varias marcas de renombre. De hecho, hasta el lejano 1993 le vendió artículos a la extinta Sevel, presidida por Franco Macri, padre del actual jefe comunal.
“Cuando reabrimos fue hermoso –cuenta Lenarduzzi–. Pudimos contratar de nuevo a los empleados y de a poco empezar a crecer otra vez. Sentimos que la industria comenzaba a dejar atrás la etapa de la importación que tanto daño nos hizo”.
Sin embargo, en la que era la Dirección de Medio Ambiente, después Secretaría y hoy Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se trabaron las ilusiones.
A punto de obtener la certificación, tras el incendio del boliche República de Cromañón el 30 de diciembre de 2004, las imposiciones cambiaron y ese fue el primer gran retroceso. “Comienzan a pedirnos certificados de impacto ambiental, que fuimos presentando y que nos costaban alrededor de $ 3500, pero la cosa se dilataba con otras exigencias”, relata el empresario.
El círculo vicioso irrefrenable hacía vencer lo presentado y siempre se volvía a empezar de cero con periódicas visitas de inspectores que ofrecían supuestas soluciones mediante insinuaciones. “Nunca les di un peso. Eso me aconsejaron hace mucho y mal no me fue. En la época de (Osvaldo) Cacciatore (intendente de facto entre 1976 y 1982) estuve seis años para que me aprobaran una excepción, lo logré y seguimos en Devoto. Los cansé, pero esta vez me cansaron a mí.”
Es que, lejos de acercarse, siempre se aleja. “Desde que asumió Mauricio Macri empezaron a pedirnos todo el tiempo cosas diferentes. Un estacionamiento, dos, tres, después una desinfección, limpieza de tanques, etcétera. Todo el tiempo algo distinto, de modo que nos falte algo y, además, se nos venza lo que ya tenemos presentado. No fue difícil para ellos armar un escenario con una lluvia de multas y la clausura posterior. Por eso, si quieren, que me metan preso, pero yo no voy a someterme a la extorsión de seguir pagando para nada.”
Ese fue el límite que empujó hacia adelante a Lenarduzzi. “Apagué las máquinas y terminé de definir la mudanza al Partido de San Martín. Mandamos a todo el personal allá para la construcción y apenas podamos, abrimos”.
De todos modos, en un intento desesperado, llevó la pila de documentos hasta un “influyente” que le recomendaron. “Pude contactarme con una persona cercana al poder de la Ciudad, que se ocupó de averiguar qué pasaba conmigo. Yo quería saber si era una cuestión personal, me preguntaba por qué me perseguían a mí. Los años y el dinero que llevo invertido en esto son insólitos. Sólo quiero que me habiliten como corresponde. Este personaje me aclaró todo. Concretamente, me avisó que nunca iban a darme la habilitación porque la decisión es tener una ciudad sin este tipo de industrias. Son tan brutos que se llenan la boca poniendo de ejemplo a Barcelona, que tiene enormes distritos industriales. El único modo de resolución que este hombre me ofreció es encontrar la forma de llegar al ministro de Ambiente (Diego Santilli) o, directamente, a Macri. Ni voy a intentarlo. Esta gente es como los militares y los bancos, porque no quieren a las pymes. Los ciudadanos tienen que saber que no está bueno Buenos Aires”.
El portón cierra su pesadez con un estruendo que asusta a los gatitos del baldío de la esquina. No entran ni salen obreros. Los camiones no paran. La cuadra no vive y languidece triste. 

RECUADRO

En una Villa nació...

Marcelo Lenarduzzi expone con orgullo que ingresó a trabajar en la fábrica de su padre a los 18 años y la mantiene erguida a sus 51. Su relación de cercanía con los empleados es tal que sintió mucho el cierre en 2001 y fue a buscar a los mismos hombres en 2002. De allí surgen claves que van más allá de resultados económicos.

“Este es un trabajo de mucha precisión, específico, donde el margen de error es mínimo, porque una diferencia de dos centésimas puede ser fatal. Hace unos años contratamos a un chico muy humilde, de Villa Fiorito, para que barriera. Pues bien, el pibe se puso a mirar y mirar por encima del hombro de los viejos, que eran bastante mañeros y no querían explicar el oficio, y así aprendió tanto que hoy es un obrero calificado y, además, trabajan con nosotros sus dos hermanos.”

No lo dice él, apenas lo sugiere como una verdad que, de tan obvia, queda flotando en el aire. Sabido es que de no haber tenido esa chance, los caminos que lo esperaban a él y sus hermanos eran los de la exclusión, marginación, discriminación, estigmatización y hasta el categórico desprecio.

RECUADRO. Crónicas del derrumbe

Acaso como una cruel ironía del destino, el galpón que alquila Instrumentos & Comandos en Agustín de Vedia 2960 es uno de los tres lotes que tuvo la empresa Crespo hermanos hasta la década de 1990 que, entre otras actividades, tenía la exclusividad de la fabricación de acondicionadores de aire Conqueror.

Un puente todavía cruza la calle uniendo el taller con lo que era el comedor al que asistían más de 400 empleados.

El tsunami noventista la arrasó cuando importar en lugar de producir pasó a ser la gran receta que se bajaba como verdad sagrada desde los círculos de poder.

Tras el cierre, los terrenos se subdividieron en tres y las máquinas fueron desmanteladas y vendidas por chatarra. Hasta ciertas matrices fueron cortadas en pedazos y desguasadas, garantizando que nadie pudiera hacerse de ellas y comenzar a producir con esos modelos

RECUADRO

El verdadero motor de la economía

A contramano de las acciones y declaraciones públicas de varios integrantes del gobierno de la Ciudad, en sus documentos oficiales se resalta el valor de las pymes con números elocuentes. En el último Informe Económico publicado en octubre de 2010 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano y la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda, se destaca que ese sector industrial le da trabajo al 65,5% de los porteños ocupados. Y agrega: “Esta composición refleja la estructura pymes que tiene la Ciudad de Buenos Aires y la importancia del empleo en este tipo de establecimientos. En el último año, el porcentaje de ocupados en la Ciudad vinculado a establecimientos de menos de 40 ocupados creció (1,5 puntos porcentuales) en detrimento de los puestos en establecimientos de entre 41 y más ocupados.”

Extraoficialmente, además, se estima que entre el 80 y el 90% de las industrias de la ciudad es pyme. Es decir, unas 170 mil empresas. Otros datos que se incluyen en el mismo informe abarcan hasta 2008 solamente. Algunos quizá permitan vislumbrar una preferencia sobre cierto tipo de empresas. “Maquinaria, equipos y automotores” es el rubro que mayor retracción muestra en el período analizado, con un retroceso del 4,5%. Sin embargo, tanto las alusiones discursivas como las publicidades y los programas de incentivos siempre están dirigidos a las Mipymes, un modo de resaltar a los micro emprendimientos que, obviamente, están también contenidos dentro del global pyme. En esa órbita pueden hallarse gran cantidad de comercios familiares compuestos por muy pocas personas (hasta cinco).

Por la rentabilidad, las licencias de taxi valen el doble que en 2009

PUBLICADO EN TIEMPO ARGENTINO EL 2 DE MARZO DE 2011


Por Damián Pussetto

El valor promedio es de 70 mil pesos, muy lejos de los 3000 que costaban en 2000. El dato es uno más de los que reflejan la recuperación de un sector que en los ’90 daba refugio a profesionales y hoy no cubre todas las vacantes.
 

Números.  38 mil licencias de taxi habilitadas, según el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.  36 mil activas, según afirman fuentes de la Subsecretaría de Transporte comunal. 70 mil pesos hay que pagar por una de ellas, el doble de lo que costaba hace poco más de un año, muchísimo más que los escasos 3000 que cotizaba en 2000. 25 mil choferes que pagan alquileres de entre 200 y 300 pesos diarios, o trabajan por el 30% de la recaudación, como estipula el convenio. 5000 faltan y “cuesta encontrarlos”, confiesa  Jorge Celia, presidente de la Sociedad de Propietarios Automóviles con Taxímetro (SPAT).
GENTE. Si el descenso hacia la crisis más grave que pudiera registrar la historia doméstica tiró al piso el valor de los permisos, el mapa laboral comparado también es elocuente. “En esa época –recuerda Celia, titular de SPAT, la entidad más añeja del rubro, con 75 años– era habitual ver a psicólogos, abogados o plomeros manejando taxis. Nosotros, en buena medida vamos recibiendo a muchos excluidos del mercado laboral y la verdad es que se nos complica hallarlos ahora porque hay muchos menos.”
PRECIO. La novedad actual es que la tradición era que los importes acompañaran al dólar y esta vez no fue así, con la divisa verde planchando. Antes de caerse tanto, las licencias habilitantes rondaron los 25 mil pesos, allá por 1997 y 1998, después, la debacle y la lenta recuperación. En 2006 promediaron los $ 23 mil; en 2007, $ 27 mil; en 2008, rompieron la barrera de los 30 mil; y en 2009, la mitad de lo que se tasan en la actualidad. Aunque el récord lo tiene la ciudad de La Plata, con ofertas de hasta 120 mil pesos. En la Ciudad de Buenos Aires también hay transacciones de 80 mil y hasta 90 mil billetes. En ese punto, los que conocen la calle recomiendan tomarse el tiempo y recorrer para conseguir más baratas. 
HERENCIA. Con un padrón ensanchado fundamentalmente en las gestiones de Carlos Grosso y Jorge Domínguez, con cesiones a diestra y siniestra, el 11 de noviembre último se cristalizó en la Legislatura un acuerdo entre funcionarios, patrones y trabajadores, para poder dotar de certeza y razonabilidad a la flota. En el marco de una ley que reglamentó varias cuestiones relacionadas con el sector, se dispuso suspender “el otorgamiento de nuevas licencias hasta que el número total de vigentes sea de 32 mil”. Es decir, depurar, a esperar que caduquen las que sobran, y que el valor siga subiendo.
CAUSAS. Tanto las asociaciones empresariales, como las gremiales y los organismos estatales consultados por Tiempo Argentino coinciden en resaltar que la suba obedece, básicamente, a dos variables: 1) La rentabilidad actual. 2) Mucha gente lo utiliza como inversión, obteniendo un dinero mensual que les aseguran las mandatarias y que representa un buen negocio.
SOCIOS. El trato entre propietarios y peones reconoce modalidades propias de la actividad. Aun en relación de dependencia y con aportes de ley, el cuentapropismo se advierte en los pactos que se cambian en beneficio de las partes. El convenio colectivo de trabajo vigente señala que un chofer debe llevarse el 30% de la recaudación diaria, sin embargo, muchos optan por alquilar con una suma fija. Enrique Celi, presidente de la Unión de Propietarios de Autos Taxis, tiene su visión al respecto. “Eso nació para protegerse de los que trabajan mal. Si el chofer apaga el reloj y hace viajes que no están registrados, le ocasiona un perjuicio al dueño que, entonces, estipula un monto que tiene garantizado.”
CUENTAS. Alejandro Crespo, a ambos lados del mostrador, porque maneja su auto y da en alquiler otro, explica que “cuando se trabaja bien, al empleado le conviene porque puede hacerse una diferencia. Es una cuestión simple de números, lo que se está pagando por día para hacer un turno largo se consigue en cuatro, cinco, o seis horas, una vez que lo recauda, gana para él. Si, en cambio, se lleva el 30% del total, es menos. En los tiempos malos, el que gana es el patrón, porque se asegura el monto pase lo que pase, pero ahora no porque hay mucho trabajo”.
SINTONÍA. Celi también transita esos caminos y certifica que “el aumento de tarifa reciente se vuelca en salarios y mantenimiento. Nosotros habíamos pedido un 35% porque tenemos que equilibrar entre emparejar los costos y no hacer el servicio demasiado elevado, tal que la gente no nos tome. Lo concreto es que alquilando o a porcentaje, cualquier chofer llega cómodamente al mínimo de $ 2800”. 
TEMPERATURA. Desde la SPAT, Jorge Celia apura una definición que resuma pasado y presente: “El taxi es un termómetro del país, cuando hay dificultades se nota y cuando vamos bien, también. La verdad es que nosotros pensamos que las licencias están subvaluadas y que van a subir más todavía”. ¿Quién podría apostar que no será así? 

Hallan a otros 276 obreros y 3 chicos esclavizados en Ramallo y Arrecifes

PUBLICADO EN TIEMPO ARGENTINO EL 8 DE ENERO DE 2011

El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo allanó los campos de las firmas Southern Seeds Production y Satus Ager por supuesta violación a la ley de prevención de trata de personas. UATRE denunció 546 nuevos casos en la zona. 

Por Damián Pussetto

dpussetto@tiempoargentino.com.ar

Al tiempo que el precio del maíz sigue creciendo en el mundo, brindando rendimientos formidables y se proyecta una muy buena cosecha de entre 22 y 27 millones de toneladas, la serie de inspecciones y detecciones de trabajo esclavo en la provincia de Buenos Aires no se detiene. Ayer, incluso, tomó intervención la justicia federal y hubo tres nuevas en Ramallo y Arrecifes, en las que se hallaron a 276 personas mayores y tres menores en condiciones insalubres en establecimientos de las firmas Southern Seeds Production y Satus Ager, que fueron clausuradas.
Los operativos conjuntos de los ministerios de Trabajo nacional y provincial permitieron la suspensión de actividades y el comienzo del proceso para que los trabajadores cobren sus salarios y vuelvan a sus hogares en Santiago del Estero y Tucumán. Por su parte, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, llevó adelante los allanamientos por supuesta violación a la Ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas.
A su vez, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Municipio de Ramallo examinaron campos en las localidades de El Paraíso y Pérez Millán y encontraron a otros 546 hombres en circunstancias similares. El intendente, Ariel Santalla, confirmó que enviará fotos y actas a la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense para que continúe con la investigación.
Lo actuado ayer por ambas carteras laborales empezó en un primer sector de la Estancia Santa Celestina, en Ramallo, explotada por Satus Ager, donde se contabilizaron a 17 varones en casillas de chapa a pleno sol, sin instalaciones eléctricas y que desempeñaban las tareas sin elementos de seguridad. Cruzando la Ruta 9, en el segundo campamento, se encontraron a tres cuadrillas que sumaban 45 obreros que acusaron no recibir alimentos desde el día anterior y aseguraron que los baños químicos fueron instalados en las últimas horas. A su vez, relataron que debían lavar sus pertenencias en envases de agroquímicos y que nunca tuvieron acceso a atención médica. También se constató la presencia de tres chicos de entre 16 y 17 años, uno de los cuales exhibió una fotocopia de DNI adulterada.
En el Paraje El Paraíso, a la altura del Cuartel 13, en Ramallo, fue registrada otra entidad rural, en este caso, a cargo de Southern Seeds Production, que contaba con la presencia de 35 peones. Allí se escucharon quejas respecto de la atención sanitaria, el costo de la comida y la ropa que ellos mismos debían comprar, y se verificó que las tareas se desarrollaban durante 12 horas por día como mínimo, sin descanso semanal.
Por último, en el kilómetro 50 de la Ruta 191, en Arrecifes, fueron hallados 179 jornaleros realizando tareas para Satus Ager, en pésimas condiciones de habitabilidad y sin respetar ninguna de las normas laborales, ni de seguridad e higiene.
El 30 de diciembre pasado, Tiempo Argentino daba cuenta del hallazgo de 120 esclavizados en un campo de la firma Nidera, en el paraje Beladrich, en San Pedro. El martes 4 se hallaron a otros 69 en uno de la empresa Southern Seeds Production (SSP), en el paraje La Luisa. Todos volvieron a Santiago del Estero y el fiscal Rubén Darío Giagnorio imputó a 12 personas en la causa que instruyó por “reducción a servidumbre”.
Tras confesar que a medida que avanzaba lo “sorprendía la gravedad de los hechos”, este miércoles efectuó dos denuncias en la justicia federal, fuero al que seguramente irá a parar toda su instrucción.
Justamente, eso y las inspecciones de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), posibilitaron la intervención de Villafuerte Ruzo y la fiscal Paula Moretti.
La funcionaria detalló luego a la prensa lo que encontró en la finca de Ramallo. “Cuchetas al estilo militar, agua que traen de un molino que funciona cuando hay viento y cargan en tachos de glifosato, obreros que no saben cuánto van a cobrar, que les descuentan los implementos para higiene personal, que se los trae un proveedor pero no saben a qué precio, que no tienen heladera, que se les pudre la carne que les dan, que firman un contrato que dice que no pueden salir de ahí y que no tienen comunicación con su familia.”
Julio Piumato, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, precisó además que en el lugar “se constituyó Pablo Lanusse –en referencia al ex interventor de la provincia de Santiago del Estero entre el 2 de abril de 2004 y el 23 de marzo de 2005–, ya que aparentemente la empresa es de un familiar de él. Daba la sensación de que querían hacer tráfico de influencias, porque no tenía nada que ver ahí”.
Lo cierto es que en la extensa pampa húmeda tal vez otros cientos o miles estén a la espera de volverse visibles y, así, poder alejarse del infierno. 

Liberaron a los obreros esclavizados

PUBLICADO EL 6 DE ENERO DE 2011 EN TIEMPO ARGENTINO


VOLVIERON A SANTIAGO DEL ESTERO

Por Damián Pussetto

dpussetto@tiempoargentino.com.ar

Son 69 personas halladas en un campo de San Pedro. El fiscal Giagnorio hizo dos denuncias más. Ya hay 12 imputados.
 

Los 69 trabajadores hallados el martes en un campo de la firma Southern Seeds Production (SSP) en muy malas condiciones de salud e higiene arribaron a un acuerdo ayer para el pago de sus salarios e inmediatamente volvieron a Santiago del Estero, tal como hicieron los 120 detectados el 30 de diciembre en un paraje cercano de la empresa Nidera.
Se efectuó el pago de $ 110 por jornal, y a las 22:00 los trabajadores, que no sabían que habían sido trasladados a la provincia de Buenos Aires, partieron desde la terminal de Retiro con los pasajes que aportó la cartera laboral.
Las detecciones generaron una causa penal por “reducción a servidumbre”, que instrumentó el fiscal Ruben Darío Giagnorio de la UFI 6 y, además, el trámite administrativo por infracción a leyes laborales y normas de salud e higiene, en el ministerio.
En la causa declararon ayer los cinco involucrados de SSP, por lo que hasta el momento son 12 los imputados. Al mismo tiempo, Giagnorio presentó denuncias en la Justicia Federal sobre otros dos campos. Luego de la feria judicial, ese sería el destino de la investigación que lleva adelante, por cuanto el delito de trata de personas es de competencia federal y podría tanto inhibirse como serle requerido a ese fuero lo actuado.
Ayer, el fiscal le adelantó a Tiempo Argentino que lo que observó es “mucho más grave de lo que pensaba en principio”.
A la par, la intervención del ministerio es la que permitió que ambos establecimientos tengan faja de clausura, que sean pasibles de multas de hasta $ 5000 por cada empleado y que ellos puedan retornar a sus lugares de origen respetando un protocolo firmado entre la Nación y las provincias.
El ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Antonio Cuartango, le explicó a este diario que “se tiene la presunción de que todos estaban en negro. Pero no es una verdad absoluta, las firmas disponen de cinco días hábiles para presentar los registros laborales, y  es factible que los tengan. Lo cierto es que al momento de las inspecciones, nadie exhibió un documento que lo uniera legalmente con la empresa. Independientemente de eso, es incontrastable que se trata de trabajo esclavo y que no podrán desvirtuarse las infamantes condiciones que registramos. Las tareas se realizaban de sol a sol, de lunes a lunes, en lugares vergonzosos, sin privacidad, higiene y seguridad. Manipulaban agrotóxicos sin guantes y, todavía más, los envases de esos productos se utilizaban como muebles para apoyar cosas. Eso no se va a desvirtuar en un trámite administrativo.”
Las irregularidades descubiertas en las inspecciones, a la que se agregó una tercera el lunes, impulsada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), tendrán que ser subsanadas totalmente para que la actividad retorne.
“Si desean reanudar la tarea –aseguró Cuartango–, deberán cumplir con la ley. La lucha contra el trabajo no registrado es intransigente y preservar la vida no admite concesiones. Estamos dispuestos a hacer operativos conjuntos con el ministerio nacional y esto ya lo hablé con Carlos Tomada, que nos dio su apoyo. Esto excede las competencias. Se trata de humanidad. Es infame la condición en la que estaba esta gente.”

Trabajo esclavo: el fiscal dice que hay una “organización criminal”

PUBLICADO EL 5 DE ENERO DE 2011 EN TIEMPO ARGENTINO

EL 30 DE DICIEMBRE HABÍAN HALLADO A 120 EN UN CAMPO DE LA EMPRESA NIDERA

El lunes encontraron a 144 personas y ayer a 60, todas en San Pedro. El fiscal Rubén Giagnorio lleva adelante una causa por “reducción a la servidumbre”. Hay siete involucrados, entre ellos, dos ingenieros y dos capataces.
 

Por Damián Pussetto dpussetto@tiempoargentino.com.ar

Acaso las palabras del fiscal Rubén Darío Giagnorio –a cargo de la UFI 6 de San Nicolás–, fueron elocuentes para certificar que la detección de 120 personas que trabajan en condiciones infrahumanas en San Pedro no se trataba de un hecho aislado. El funcionario aseguró que “hay una organización criminal dedicada a reclutar personas con destino a trabajo esclavo, no sólo para Nidera, sino para otros establecimientos rurales”. El lunes descubrió a otras 144 en el paraje La Rosada y ayer a 60 en el paraje La Luisa, ambas de la empresa Southern Seeds Production (SSP).
El cuadro de situación con que se encontraron las autoridades no fue tan dantesco como el anterior, no había menores de edad y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) certificó que los empleados estaban registrados, pero dormían todos juntos en una carpa, sin luz y con la cocina a la intemperie.
Ayer, mientras efectivos policiales se apersonaban en la sede de SSP en Arrecifes para buscar más información, el fiscal allanó la otra finca, donde se identificaron a 60 personas en condiciones similares.
Convocados para desflorar maíz, la mayoría fue reclutada a mediados de diciembre en provincias del norte. En el caso de Nidera, específicamente, muchos eran oriundos de Santiago del Estero y Tucumán, a donde ya regresaron tras conseguir el pago de alrededor de 5000 pesos cada uno.
Sin luz, sin agua potable, sin baño, trabajando más de diez horas diarias, incluido el día de Navidad, la tarea implicaba unos 30 días más y no recibían paga diaria, sino que el trato era abonar todo al final. Sin embargo, la comida que consumían les era descontada de ese hipotético monto a recibir.
Y allí también la situación era escandalosa, ya que les vendían los productos a precios exorbitantes: pagaban $ 80 por una bolsa de papas, $ 65 la de cebollas y $ 7 el paquete de fideos. Además, se detectó una importante cantidad de alimentos distribuidos por Comat SA –propiedad del ex concejal radical Eugenio Abel González, quien deslindó responsabilidades–, con el sello del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Es decir, destinados a planes sociales de ayuda a los sectores más vulnerables. Por eso, entre las siete personas que estuvieron detenidas, recuperaron la libertad y siguen involucrados, están los tres proveedores: Gonzalo Santos Barberis, Mauro De Rosa y Alfredo Laserna. Los otros implicados son dos ingenieros de la empresa Nidera, Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, y dos capataces, Andrés Humberto Hoyo y Diego Patrocinio Acosta. Según el fiscal, todos están “muy comprometidos”.
No fue fácil avanzar para Giagnorio. Hace un mes le ordenó a la patrulla rural que rondara los campos. Con los informes que recibió solicitó una orden de allanamiento a la titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de San Nicolás, pero la jueza María Laura Vázquez se la negó. No se detuvo y comunicó la novedad a los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, de Nación. Así fue que Trabajo inspeccionó el lugar, el fiscal fue como veedor y ante las evidencias, comenzó la causa por “reducción a servidumbre”.