Los concejos deliberantes de Zárate y Campana firmaron declaraciones de condena.
Se involucraron tras la muerte de Ezequiel, un chico que pudo haberse contaminado en una de las 70 granjas que Nuestra Huella tiene en Buenos Aires y Córdoba. La justicia no contestó sobre un pedido de medida cautelar.
Por Damián Pussetto
dpussetto@tiempoargentino.com.ar
Al tiempo que los concejos deliberantes de Zárate y Campana aprobaron declaraciones de “repudio a todo acto de explotación infantil”, el juez federal Adrián González Charvay todavía no dispuso ninguna orden, a una semana de un nuevo pedido de cautelares “urgentes” en resguardo de los 200 niños y sus familiares que están expuestos a venenos cancerígenos en las granjas de la firma Nuestra Huella, donde, tal como se demuestra en horas de video entregadas a la justicia, vivía y trabajaba Ezequiel Ferreyra, quien murió el 16 de noviembre pasado.
El viernes 19, representantes de la Fundación Alameda y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) solicitaron que “se proceda a la intervención judicial de la empresa, con expresa prohibición del empleo de plaguicidas y tóxicos que no respeten las normas de bioseguridad, se realice un relevamiento de las personas que habitan en todas las granjas afectadas a la producción avícola”, que se efectúen “estudios médico legales”, en especial a “mujeres y niños, a los fines de determinar su posible intoxicación por contaminantes, y se arbitren las medidas necesarias para hacer cesar el origen del foco contaminante”.
En el Juzgado Federal Nº 2 de Zárate-Campana hay quienes susurran que el magistrado se habría comprometido a tomar disposiciones de fondo, que aún no se materializaron. Durante la semana entrante, Alameda completará los trámites formales para ser reconocida como querellante, lo que representará un cambio sustancial.
En rigor, en las otras dos causas judiciales que involucran a la empresa la inacción es mucho más palpable. El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, recibió en octubre de 2009 la denuncia en la que se imputa a Guillermo Garibotti, Matías Esteban Garibotti, Luz Luaces, Viviana Vallejos, Alejandra López Camelo y Leticia García Ester de Luaces y a las empresas Nuestra Huella S.A, Ovoprot Internacional, Ovoprot Argentina SA, Walmart, Disco, Carrefour y Coto por “conductas ilícitas que desembocaron en gravísimas violaciones a los Derechos Humanos”. Más de un año después, el trámite no avanzó.
Sin embargo, existe un antecedente más antiguo todavía. En 2008, la jueza de Garantías en lo Penal de Zárate-Campana, Graciela Cione, tomó la acusación por reducción a la servidumbre y trabajo infantil y ni siquiera elevó la causa a juicio oral tras la solicitud del fiscal Juan José Maraggi. La letrada ni siquiera llamó a indagatoria a los sospechosos.
Acaso sean los buenos y aceitados vínculos políticos los que aletarguen las resoluciones. Un complejo entramado de parentescos y allegados pone en relieve a Humberto Zuccaro, intendente de Pilar, primo hermano de la presidente de la compañía, Alejandra López Camelo, y al cuñado de ella, Jorge Herrera, secretario general de la seccional zonal de Uatre. No menos llamativo es que el ex jefe comunal pilarense, Sergio Bivort, haya patrocinado a la firma como abogado.
No obstante, quizás el tejido comience a mostrar grietas por donde se filtren, por ejemplo, las posturas de los concejos de Zárate y Campana, en las que se piden informes a la Subsecretaría de Trabajo, la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil y se remiten copias al Departamento de Derechos Humanos del municipio de Zárate, a los concejos deliberantes de Exaltación de la Cruz, San Pedro, Escobar y Pilar y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En Campana, también, se le exige a la justicia que actúe con celeridad y el texto fue aprobado por unanimidad. Tal vez llegue el momento en que las palabras adquieran la fuerza que motive la acción de los inactivos y la sentencia de la próxima muerte se evite.
