La muerte de Facundo todavía no tiene responsables ni respuestas

PUBLICADO EL 4 DE MAYO DE 2012 EN TIEMPO ARGENTINO

Un árbol derribó su casa en la Villa 21 y lo aplastó. Tenía 13 años y su mamá había pedido desde 2004 que cortaran ese álamo. El defensor adjunto de la Ciudad impulsó una causa por daños y perjuicios contra el gobierno porteño.

Por Damián Pussetto

Sigue golpeando la muerte, disimulada en el desamparo, mezcla de olvido y discriminación. Hace un mes un álamo cedió ante la furia del tornado y destrozó la casa 59 de la manzana 24 en la Villa 21. Adentro estaba Facundo Correa, de 13 años, creyéndose seguro. Pero no. Cristina Inca, su mamá, denunció desde 2004 que ese maldito árbol un día se iba a caer. Y se cayó, y lo mató. Treinta días después, Héctor y Cristina, mamá y papá, vuelven de Jujuy, se paran frente a los escombros y comprueban que todavía no hay respuestas.
“Fue muy duro y muy difícil dejarlo allá”, dice ella. Allá es al lado de la tumba de su abuelo, cumpliendo con una dolorosa decisión que juzgaron necesaria. Antes debieron aguantar y esperar. “Por la burocracia y desinterés recién pudimos viajar esta semana porque no permitían el traslado del cuerpo”, aclara Cristina.
Muchos árboles no resistieron en Buenos Aires el embate del viento, pero mataron solamente en el sur, donde las condiciones preexistentes son la verdadera condena. La casa de material y bien construida se vino abajo entre callecitas de-siguales y maltratadas. Acaso por eso Cristina asegura que “la lucha continúa”, mientras abraza a Héctor para abrigarse de la intemperie. Una hermana de ella les hace un lugar, hasta que tengan vivienda de nuevo. Cuando la tragedia de Facundo llegó a los medios, funcionarios del Gobierno de la Ciudad se acercaron para ofertarles $ 1200 en concepto de subsidio. La negativa de los Correa elevó esa cifra y ahora les prometen solventar un alquiler. En diversas reuniones, los mismos representantes ofrecieron reconstruir el hogar en un año. Naturalmente, esto tampoco fue aceptado y surgió el compromiso de hacerlo inmediatamente. Aunque no se empezó.
En tanto, Cristina repite. No se quiebra. Se retuerce de indignación y pregunta una y mil veces: “¿por qué?” Nadie le dice, e insiste: “No me voy a cansar de preguntar por qué. Todo lo que quiero es que alguien me responda porqué no cortaron ese árbol. Pedí durante ocho años que lo sacaran. Si lo hacían, Facundo estaba vivo. El gobierno giró mi vida con su inoperancia. Nada va a llenar el vacío que siento. ¿Por qué?, pregunto… ¿Por qué?”.
Sus propios vecinos son el único sustento. Encuentran el hombro en la asamblea La Poderosa Villa 21 y reciben la contención y asesoramiento de la Agrupación 14bis Derecho. Además, el defensor oficial de la Ciudad Autónoma, Mario Kestelboim impulsa la causa civil contra el gobierno comunal por daños y perjuicios. 
Poco esperan los papás, despojados de todo. “Para el gobierno de Macri los villeros somos una lacra. Que traiga una topadora y nos saque. Piensa que invertir acá no sirve y por eso ni siquiera atendieron mi reclamo. Ahora ya es tarde. Mañana (por hoy) celebramos una misa en la capilla de Caacupé para recordar a Facundo”.

Durante años pidieron sacar el árbol que aplastó a un chico en la Villa 21

PUBLICADO EL 10/4/2012 EN TIEMPO ARGENTINO

El miércoles, el viento tiró un álamo sobre la casa de Facundo Correa, de 14 años, quien murió en el acto. Su mamá reclamaba desde 2004 que lo removieran. El gobierno porteño sólo le ofrece a la familia un subsidio de $ 1200.

Por Damián Pussetto
Se sintió frágil en la canchita. La intemperie de barro lo asustó y corrió. Pensó en su casa con el número 59 en la Manzana 25 de la Villa 21 como un refugio eficaz, pero fue escombros en segundos y el cuerpito de Facundo Correa, con sus 14 años, no resistió. Era miércoles cuando la tormenta tiró un enorme álamo que desató la tragedia. Acaso había comenzado a morir mucho antes.
Cristina Inca y Héctor Correa, mamá y papá, se paran sobre los despojos estrujados de muebles y ladrillos. Cuentan, denuncian, sufren. “Hace ocho años que reclamamos por ese árbol y nunca nos dieron bolilla. Una vez podaron unas ramas y hace poco nos habían sugerido que nos juntásemos entre los vecinos para pagarle a alguien y que lo saque”, dice Cristina.
Indiferencia. Esa fue la respuesta a cada uno de los pedidos para que quitaran el enorme peligro que pendía sobre sus cabezas. Indiferencia, de nuevo, es lo que el gobierno de la Ciudad ofrece ahora con el drama anunciado ya consumado. 
Ayer, recién ayer, una enviada de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, les ofreció a Héctor y Cristina costear los gastos del traslado del cuerpo de Facundo hasta Jujuy, de donde es oriunda la familia, y un subsidio de 1200 pesos.  Quienes no actuaron antes, se mostraron expeditos para que ese trámite sí se cumpla velozmente. Quizá hayan pergeñado que mientras los días pasan y el tema baja en los medios, alejarlos sea mejor para los intereses de quienes deben justificar lo injustificable.
Entonces Héctor se encoge de hombros, aprieta los labios y expone su entera dignidad en una frase que empieza en voz baja y pronto abandona el tono monocorde. “Yo quiero aceptar que paguen el traslado, no los 1200 pesos, que son una vergüenza. Quiero darle un descanso rápidamente a Facundo para después fortalecerme y atacar con todo.  Necesito hacer juicio para que esto no quede impune. Quiero cortar cabezas. Alguien tiene que pagar.”
Cristina y Héctor se abrazan y se dejan abrazar por sus propios vecinos de la asamblea La Poderosa Villa 21, mientras reciben la contención y asesoramiento de la Agrupación
14 bis Derecho.
“La tormenta no era evitable, pero cortar el árbol si era posible. Y tuvieron mucho tiempo para hacerlo. Siempre nos derivaban a algún lado... que Espacio Público, que el CGP, que la UGIS… y nunca hicieron nada”, explica Héctor.
“Yo me pregunto –acusa Cristina– ¿dónde estaban antes los funcionarios que vemos ahora? Quiero que alguien se haga responsable. Si ponen gente, que recorra la villa, que ande sin burocracia. Sin punteros.  Tienen que sacar todos los árboles porque estamos en peligro. Seguimos en peligro de muerte. Estamos cansados de que nos usen.”
Con una impunidad que hiere sobre las heridas, desde la comitiva municipal que visitó a las víctimas, alguien confesó sin dar su nombre que “hay recursos”.  Palabras vacías, promesas indecentes.  En la Villa 21 resuenan y vuelven a lastimar. La cruel ausencia no evitó una muerte que empezó a construirse mucho  antes de la semana pasada. 
El cuerpo de Facundo viajará hoy hasta Jujuy. En sus calles porteñas quedarán las letras que lo definen. “Respetuoso, educado, un poco cachafaz en la escuela”, asegura la mamá. Las respuestas a tanto desamparo seguirán pendientes.

Crearon una cooperativa de ambulancias barriales

PUBLICADO EN TIEMPO ARGENTINO EL 9/4/2011

EN FEBRERO HUBO OTRA MUERTE POR FALTA DE ATENCIÓN EN LA 31 BIS
La impulsa una organización social en Zavaleta. Con tres autos de vecinos, siete choferes se capacitan en primeros auxilios. En otros barrios también están empezando a armarlas.
Por Damián Pussetto

Más allá de las construcciones prolijas, más acá de la avenida en la que nadie para, después de la pila de autos abandonados, justo en aquellos sitios que los mapas esconden con gris. En uno de ellos o en cualquiera se murió el martes Humberto Ruiz de muerte antinatural, y sus vecinos subieron el dolor a la autopista. Pero la muerte cotidiana no se lleva bien con los flashes e insiste en llenarse de nombres cuando las cámaras no están. Hace casi dos meses Pascual Ferreira murió en un carrito de cartonero en la puerta del Hospital Fernández, empujado por sus desesperados amigos de la 31 bis. Hace casi dos años, Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) afirmó que “por las condiciones de inseguridad”, las ambulancias no podían entrar a los barrios más postergados de la ciudad. Y no entraron nunca más.
La escandalosa ausencia del Estado se emparcha entonces como se puede. Y muchas veces no se puede. Por eso, la organización social La Poderosa puso en marcha en Zavaleta la cooperativa “Ambulancieros poderosos”, que ahora comienza a germinar también en la 31-bis. Con tres autos aportados por vecinos, siete jóvenes se están capacitando en la pista del autódromo Juan Gálvez y reciben instrucción de médicos voluntarios para tener noción de primeros auxilios y utilizar los botiquines que se compraron.
Y el Estado, otra vez ausente. Siempre ausente. Es que el gobierno porteño ni siquiera contestó la presentación formal de octubre de 2009 pidiendo que la Ciudad contrate como choferes a la gente de los barrios.
Entonces, ¿cómo se solventan los costos? En las asambleas se contesta con simpleza y contundencia: “De la misma manera que financiamos nuestros cajones, entre todos. Un sepelio cuesta no menos de $ 3000 que nadie tiene y lo ponemos entre todos. También lo hacemos para ocuparnos de nuestra salud.”
Mientras tanto, hasta que la cooperativa termine de arrancar, se corre a los hospitales en autos particulares, a pie, en carritos, en bicicleta… De todas las formas posibles, menos la más obvia y elemental, que sería sobre una camilla en una ambulancia estatal.
Al tiempo que los medios hacen humo de neumático sobre el asfalto, Pascual, Humberto, Luisito, Kevin, Leila y tantos otros inflan la oprobiosa lista en los barrios invisibles donde se muere de pobreza, indiferencia y abandono.
El principio del fin de Pascual empezó la noche del 10 de febrero, cuando recibió un balazo y con la fuerza de sus 27 años aguantó mientras en el SAME le informaban a sus amigos que estaban “en camino”, que “iban para allá”, que “ya” llegaban y otras mentiras.
Cecilia, su mujer de 24, lo abrazó y le susurró palabras que él respondió con el último hilo de vida que le quedaba, antes de comprender ambos que no había que seguir esperando. Los vecinos lo subieron a un carrito y tiraron, tiraron y tiraron, pero en la vereda del hospital la exclusión se unió a la bala para ser un escollo infranqueable.
Roxana, su hijita de 7 años, todavía lo extraña sin remedio. “Mi papá me llevaba y retiraba de la escuela todos los días. Íbamos los tres al río de la costanera a pescar los fines de semana, y también a los lagos de Palermo, a darle pan a las palomas.” Después llora y no dice más. Arquea sus labios y la mueca triste se queda con ella. 

Harto de las trabas en la Ciudad, mudará su fábrica a la provincia

PUBLICADO EN TIEMPO ARGENTINO EL 5 DE ABRIL DE 2011

Por Damián Pussetto

Una pyme ubicada en Pompeya tiene la habilitación en trámite desde 2002. Su dueño, que tuvo que cerrar en los ’90, enfrenta ahora una causa por “violación de clausura” y jura que prefiere ir preso antes que pagar una multa exorbitante.
 

Los ojos se le enrojecen de bronca. Aprieta los labios, lucha contra el recuerdo y cae vencido. La postal del 20 de diciembre de 2001 vuelve y entonces siente el ruido, pesado y frío, de la persiana llegando hasta el piso. Aquella vez la topadora neoliberal lo arrasó tras seis años de pelearle a una quiebra profunda, más profunda que él; ahora, puesto de pie de nuevo, mira las máquinas desprovistas de vida y se ubica en la encrucijada con dos decisiones tomadas. Marcelo Lenarduzzi, de él se trata, mudará su fábrica de Pompeya a la provincia de Buenos Aires, harto de que lo echen, e irá preso, si la justicia lo determina, antes que pagar una multa que pretenden imponerle.
La debacle que arrolló a 350 mil  pymes en los ’90 le había dejado un resquicio de fuerza a Marcelo, el hijo de don Pedro, fundador de Instrumentos & Comandos, aunque tenía otro nombre, hace 45 años. En 2002, entonces, decidió reabrir y eligió un galpón sobre Agustín de Vedia por los beneficios de exención en Ingresos Brutos y rebajas en ABL destinados a repoblar una zona en la que abrumaban los vacíos. Eligió una pesadilla.
El expediente de habilitación 52185/2002 nunca llegó a terminarse y empezó a correr una carrera en la que siempre le corrían la meta. Encima, con una citación para mañana en la fiscalía de faltas Nº 12, de la justicia penal contravencional porteña en el marco de la causa  3303/2010, por supuesta violación de clausura, se enfrenta a la posibilidad de pagar una multa de entre $ 6000 y $ 20 mil o ir a la cárcel de 3 a 10 días.
“Primero fui notificado para comparecer con solamente veinticuatro horas de anticipación, no sé si lo hicieron así por casualidad, inoperancia o malicia. La abogada presentó una apelación y me dieron nueva fecha para el 6”, dice, mientras revuelve papeles y certificados de las varias carpetas que ya llenó el trámite eterno e inconcluso.
La compañía es una de las pocas que realiza en el país matrices de inyección de aluminio y piezas de vehículos de transporte para varias marcas de renombre. De hecho, hasta el lejano 1993 le vendió artículos a la extinta Sevel, presidida por Franco Macri, padre del actual jefe comunal.
“Cuando reabrimos fue hermoso –cuenta Lenarduzzi–. Pudimos contratar de nuevo a los empleados y de a poco empezar a crecer otra vez. Sentimos que la industria comenzaba a dejar atrás la etapa de la importación que tanto daño nos hizo”.
Sin embargo, en la que era la Dirección de Medio Ambiente, después Secretaría y hoy Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se trabaron las ilusiones.
A punto de obtener la certificación, tras el incendio del boliche República de Cromañón el 30 de diciembre de 2004, las imposiciones cambiaron y ese fue el primer gran retroceso. “Comienzan a pedirnos certificados de impacto ambiental, que fuimos presentando y que nos costaban alrededor de $ 3500, pero la cosa se dilataba con otras exigencias”, relata el empresario.
El círculo vicioso irrefrenable hacía vencer lo presentado y siempre se volvía a empezar de cero con periódicas visitas de inspectores que ofrecían supuestas soluciones mediante insinuaciones. “Nunca les di un peso. Eso me aconsejaron hace mucho y mal no me fue. En la época de (Osvaldo) Cacciatore (intendente de facto entre 1976 y 1982) estuve seis años para que me aprobaran una excepción, lo logré y seguimos en Devoto. Los cansé, pero esta vez me cansaron a mí.”
Es que, lejos de acercarse, siempre se aleja. “Desde que asumió Mauricio Macri empezaron a pedirnos todo el tiempo cosas diferentes. Un estacionamiento, dos, tres, después una desinfección, limpieza de tanques, etcétera. Todo el tiempo algo distinto, de modo que nos falte algo y, además, se nos venza lo que ya tenemos presentado. No fue difícil para ellos armar un escenario con una lluvia de multas y la clausura posterior. Por eso, si quieren, que me metan preso, pero yo no voy a someterme a la extorsión de seguir pagando para nada.”
Ese fue el límite que empujó hacia adelante a Lenarduzzi. “Apagué las máquinas y terminé de definir la mudanza al Partido de San Martín. Mandamos a todo el personal allá para la construcción y apenas podamos, abrimos”.
De todos modos, en un intento desesperado, llevó la pila de documentos hasta un “influyente” que le recomendaron. “Pude contactarme con una persona cercana al poder de la Ciudad, que se ocupó de averiguar qué pasaba conmigo. Yo quería saber si era una cuestión personal, me preguntaba por qué me perseguían a mí. Los años y el dinero que llevo invertido en esto son insólitos. Sólo quiero que me habiliten como corresponde. Este personaje me aclaró todo. Concretamente, me avisó que nunca iban a darme la habilitación porque la decisión es tener una ciudad sin este tipo de industrias. Son tan brutos que se llenan la boca poniendo de ejemplo a Barcelona, que tiene enormes distritos industriales. El único modo de resolución que este hombre me ofreció es encontrar la forma de llegar al ministro de Ambiente (Diego Santilli) o, directamente, a Macri. Ni voy a intentarlo. Esta gente es como los militares y los bancos, porque no quieren a las pymes. Los ciudadanos tienen que saber que no está bueno Buenos Aires”.
El portón cierra su pesadez con un estruendo que asusta a los gatitos del baldío de la esquina. No entran ni salen obreros. Los camiones no paran. La cuadra no vive y languidece triste. 

RECUADRO

En una Villa nació...

Marcelo Lenarduzzi expone con orgullo que ingresó a trabajar en la fábrica de su padre a los 18 años y la mantiene erguida a sus 51. Su relación de cercanía con los empleados es tal que sintió mucho el cierre en 2001 y fue a buscar a los mismos hombres en 2002. De allí surgen claves que van más allá de resultados económicos.

“Este es un trabajo de mucha precisión, específico, donde el margen de error es mínimo, porque una diferencia de dos centésimas puede ser fatal. Hace unos años contratamos a un chico muy humilde, de Villa Fiorito, para que barriera. Pues bien, el pibe se puso a mirar y mirar por encima del hombro de los viejos, que eran bastante mañeros y no querían explicar el oficio, y así aprendió tanto que hoy es un obrero calificado y, además, trabajan con nosotros sus dos hermanos.”

No lo dice él, apenas lo sugiere como una verdad que, de tan obvia, queda flotando en el aire. Sabido es que de no haber tenido esa chance, los caminos que lo esperaban a él y sus hermanos eran los de la exclusión, marginación, discriminación, estigmatización y hasta el categórico desprecio.

RECUADRO. Crónicas del derrumbe

Acaso como una cruel ironía del destino, el galpón que alquila Instrumentos & Comandos en Agustín de Vedia 2960 es uno de los tres lotes que tuvo la empresa Crespo hermanos hasta la década de 1990 que, entre otras actividades, tenía la exclusividad de la fabricación de acondicionadores de aire Conqueror.

Un puente todavía cruza la calle uniendo el taller con lo que era el comedor al que asistían más de 400 empleados.

El tsunami noventista la arrasó cuando importar en lugar de producir pasó a ser la gran receta que se bajaba como verdad sagrada desde los círculos de poder.

Tras el cierre, los terrenos se subdividieron en tres y las máquinas fueron desmanteladas y vendidas por chatarra. Hasta ciertas matrices fueron cortadas en pedazos y desguasadas, garantizando que nadie pudiera hacerse de ellas y comenzar a producir con esos modelos

RECUADRO

El verdadero motor de la economía

A contramano de las acciones y declaraciones públicas de varios integrantes del gobierno de la Ciudad, en sus documentos oficiales se resalta el valor de las pymes con números elocuentes. En el último Informe Económico publicado en octubre de 2010 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano y la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda, se destaca que ese sector industrial le da trabajo al 65,5% de los porteños ocupados. Y agrega: “Esta composición refleja la estructura pymes que tiene la Ciudad de Buenos Aires y la importancia del empleo en este tipo de establecimientos. En el último año, el porcentaje de ocupados en la Ciudad vinculado a establecimientos de menos de 40 ocupados creció (1,5 puntos porcentuales) en detrimento de los puestos en establecimientos de entre 41 y más ocupados.”

Extraoficialmente, además, se estima que entre el 80 y el 90% de las industrias de la ciudad es pyme. Es decir, unas 170 mil empresas. Otros datos que se incluyen en el mismo informe abarcan hasta 2008 solamente. Algunos quizá permitan vislumbrar una preferencia sobre cierto tipo de empresas. “Maquinaria, equipos y automotores” es el rubro que mayor retracción muestra en el período analizado, con un retroceso del 4,5%. Sin embargo, tanto las alusiones discursivas como las publicidades y los programas de incentivos siempre están dirigidos a las Mipymes, un modo de resaltar a los micro emprendimientos que, obviamente, están también contenidos dentro del global pyme. En esa órbita pueden hallarse gran cantidad de comercios familiares compuestos por muy pocas personas (hasta cinco).