Poco más de tres años después, el contrato leonino por los derechos de televisión del fútbol argentino voló en mil pedazos. Difícilmente la semilla de la discordia haya comenzado a crecer en aquella intrascendente reunión de la calle Viamonte, pero al menos a partir de esa noche nadie pudo darse por no enterado.
Ocultando sempiternos agujeros financieros de los clubes, el exiguo 3 por ciento de lo producido que los socios Torneos y Competencias (TyC) y Clarín entregaron por 18 años, sirvió para consentir que la misma compañía ejerciera los roles de productor, transmisor y operador de cable, aprovechándose de complicidades y vacíos legales que la nueva Ley de Radiodifusión debiera cubrir en breve. De haberlo intentado en otras latitudes, seguramente hubiesen tenido muchas dificultades.
REPARTO A LA EUROPEA
Las bases de la política audiovisual en la Comunidad Económica Europea (CEE) están contenidas en la directiva 89/552/CEE, llamada Televisión Sin Fronteras (TSF), en la que en 1989 se garantizó la libre circulación de programas televisivos del continente en el mercado interior, la obligación de dedicar más de la mitad del tiempo de emisión a obras europeas, la preservación de algunos objetivos importantes de interés público como la diversidad cultural y la protección de los menores. En 1997 se revisó la norma y se agregó un párrafo específico para permitir al público acceder libremente a la retransmisión de acontecimientos considerados de gran importancia para la sociedad. Desde entonces, cada Estado miembro puede establecer una lista de espectáculos que deben emitirse sin codificar aunque las cadenas de pago hayan adquirido derechos exclusivos. Sobre el final de 2007 se aprobó la directiva 2007/65/CEE, que amplió los alcances abarcando a los servicios de televisión en Internet.
Sin embargo, el Parlamento Europeo avanzó aún más. El diputado belga Ivo Belet presentó en 2009 el informe que se aprobó y en el que se reclamó por el principio de “solidaridad” en el ámbito económico del fútbol profesional, de manera que la venta de derechos de televisión por parte de los clubes se haga de forma “colectiva” y los ingresos que generen se distribuyan “de una manera justa”.
Con ese marco de regulación clara, en cada país se marcan
diferencias, de volumen de dinero, de composición accionaria y hasta de calidad, pero los monopolios no perduran fácilmente.
En Inglaterra, donde la TV aporta el 60% de los presupuestos de los clubes, la Unión Europea intervino en 2003 para quebrar la posición dominante de la cadena Sky, del australiano Rupert Murdoch. Obligada a repartir el negocio, la Premier League, que aglutina sólo a los equipos de Primera División, le dio la bienvenida a la estatal British Broadcasting Corporation (BBC), que abonó 188 millones de euros sólo por pasar los resúmenes de la jornada, y Setanta Sports. Entre los tres depositaron 2.122 millones por todos los partidos del período 2007-2010. Y a la hora de la repartija, el 56% de lo producido se divide en porciones iguales entre los 20 clubes, las otras dos partes (22% cada una) se distribuyen de acuerdo a una variable que mezcla la ubicación en la tabla final del torneo y la audiencia atraída.
Pero si de reparto solidario se trata, la Bundesliga alemana sobresale. Los casi 1.700 millones de euros que pagarán las cadenas públicas ARD y ZDF y las privadas Premiere y DSF entre 2009 y 2012 se destinarán tomando en cuenta la permanencia en Primera, el ranking de cada año, una media de los últimos cinco, un plus de 4 millones por título y diversos bonos por cada jugador convocado a la selección.
Por la temporada que terminó, el Bayern Munich se llevó a sus arcas 28,11 millones y el pobre 1899 Hoffenheim, 13,3. En la que acaba de iniciarse apareció un nuevo componente vía Internet. La empresa T-Com, de Telekom, adquirió los derechos para las transmisiones en la web y el asunto todavía tiene amenaza de terminar en la Justicia.
Un caso curioso es el italiano con el premier Silvio Berlusconi participando en la contienda representando al Estado por la Radio Audizioni Italiane (RAI) y como dueño de la privada Mediaset. El tercero en discordia allí es Rupert Murdoch con Sky.
La RAI es la cadena más grande de Europa, con 12.000 empleados y transmite el fútbol a través de tres señales nacionales, además de retransmitir a todo el planeta. Tiene control parlamentario y se financia básicamente con el gravamen impuesto a todos los aparatos de televisión comercializados en la península.
En España, en cambio, solamente este año en la última década se disfrutaron muchos partidos gratuitamente. La empresa Mediapro, apoyada por el gobierno, ofreció abiertamente por su canal La Sexta una gran cantidad de encuentros para perjudicar a su ex socio Sogecable, del Grupo Prisa, editor del diario El País. En sociedad exhibían apenas el juego que les obligaba la ley, pero Mediapro se hizo de los derechos de 39 de los 42 clubes de Primera y Segunda pagando casi 340 millones de euros por año para tener a Barcelona y Real Madrid y cifras igualmente poderosas a cada uno del resto.
UN POCO MÁS CERCA
Sin órganos fiscalizadores supranacionales, en Sudamérica se presentan distintas realidades cuyos únicos rasgos igualadores son la puja económica y el ahogo de las instituciones futbolísticas.
Al otro lado del Río de la Plata, en Uruguay, acaba de comenzar el debate por los derechos televisivos de las eliminatorias 2014. Se pretende realizar una licitación pública internacional, una idea que es apoyada por los dos grandes, Peñarol y Nacional. La privada Costa Balear S.A., ligada a Canal 12, se perfila como candidata, aunque el antecedente previo a 2006 hace dudar a los empresarios. Aquella vez ofertaron más que Tenfield S.A., pero los dirigentes optaron igual por beneficiar a la compañía de Paco Casal, que transmite el fútbol local y posee los pases de muchos futbolistas.
En el terreno doméstico, por cada jornada se televisa la mitad de los juegos. En Montevideo hay que pagar un plus para verlos y en el interior algunos operadores los ofrecen sin necesidad de abonar más. Tenfield tiene desde hace 10 años un contrato que vence en 2016 y le paga a la Asociación Uruguaya de Fútbol alrededor de 6 millones de dólares anuales.
Con mucho menos cartel y algo más de anticipación, la Federación Boliviana de Fútbol ya cobró 500 mil dólares por los derechos de la próxima eliminatoria, de manos de los mismos operadores privados que transmiten la mitad de los partidos de la Liga a través de diversas señales regionales. En total, habitualmente aportan 125 mil dólares anuales para los clubes grandes y 70 mil para los chicos.
Por canales de cable se televisa en Venezuela (Sport Plus), Paraguay (Teledeportes), Perú (Cable Mágico, Andina de Televisión, Direct TV y Red Global) y Colombia (Telmex-Ume), pero en ninguno hay codificados y los resúmenes van por televisión abierta. En Colombia, asimismo, RCN envía dos partidos por fecha y en Ecuador, Teleamazonas, Ecuavisa y Canal 1 son los encargados de darlos en abierta.
Chile sobresale con un acuerdo diferente al resto, pues es la propia Asociación de Fútbol Profesional la dueña del 80% de las acciones del Canal del Fútbol que transmite 5 partidos de 9. Hay que abonar un plus para poder verlos. La televisión estatal, sin embargo, se ocupa de la señal internacional.
Brasil tiene un modelo mixto. Los derechos los posee O´Globo, que pagó 200 millones de euros por el período 2009-2011, y ofrece partidos en la modalidad abierta y de pago. También le vende a otras cadenas como Bandeirantes. Generalmente los equipos grandes son televisados en vivo y gratis, en virtud de que los ingresos por publicidad son mayores que lo que pudiera obtenerse codificando. Además, según informes de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, en el país hay apenas 4 millones de suscriptores a la televisión por cable. Muy lejos de los 6 millones de Argentina, con casi una cuarta parte de sus habitantes.
EL FANTASMA DE LA FIFA
Desde los días previos al rompimiento del acuerdo con el multimedios, se blandió el argumento de la desafiliación que la FIFA impondría a la AFA, si Estado intervenía en las transmisiones televisivas o la empresa acudía a la Justicia ordinaria. Consumada la ruptura, el dirigente José Luis Meiszner asegura que el organismo “no sólo no objetó, sino que acompañó la decisión”.
El controvertido orden jurídico de FIFA es taxativamente claro respecto de las injerencias gubernamentales. Tal vez por eso en 2005 el olvido condenó a un borrador que circuló en diversos despachos ministeriales que incluía dieciocho puntos en los que se proponían cambios que acotasen la autoridad de Julio Grondona al punto de imponer un candidato que lo reemplazara en octubre de 2007. Algunos de ellos eran: modificación en los estatutos para impedir la reelección indefinida, democratización del Comité Ejecutivo y cambio total de los integrantes del Tribunal de Disciplina constituyendo uno nuevo mediante concurso abierto. En ese tiempo, el caudillo de Sarandí al que los dueños de la pelota le confían el manejo de unos 3.000 millones de euros por año desde la presidencia de la Comisión de Finanzas, declaró que era el “vicepresidente del mundo” y el vendaval pasó.
Señales precisas enviadas desde Suiza daban cuenta de que no iba a tolerarse la intromisión. El estatuto de FIFA marca los límites. El artículo 64, bajo el título de “obligaciones”, impone a sus miembros en el apartado 2 la prohibición de acudir “ante tribunales ordinarios”. Y en el 3, profundiza la orden: “Las asociaciones tienen la obligación de incorporar a sus estatutos o reglamentación una disposición que, en el caso de litigios internos de la asociación, o de litigios que atañan a una liga, un miembro de una liga, un club, un miembro de un club, un jugador, un oficial o a cualquier otra persona adscrita a la asociación, prohíba ampararse en los tribunales ordinarios…”
El Código Disciplinario es el otro plexo normativo en el que FIFA marca territorio. En el artículo 13, “obligaciones de los miembros”, detalla en el apartado 1. g) que deben “administrar sus asuntos de forma independiente y asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos” y en el 3. agrega que la violación de lo descripto “también puede entrañar sanciones incluso si la injerencia de un tercero no puede imputarse a la asociación miembro en cuestión”.
Los antecedentes de sanciones son reveladores para establecer en qué cuestiones FIFA considera intrusiones que no acepta. Entre noviembre y diciembre de 2008 suspendió y levantó la condena a la Federación Peruana de Fútbol porque el gobierno peruano había inhabilitado por cinco años al titular Manuel Burga, quien se negó a adecuar los estatutos de la Federación a la Ley del Deporte del país. Cuando el poder político y el fútbol hicieron las paces, se acabó la condena.
Anteriormente, el archivo muestra un puñado de castigos, generalmente por poco tiempo y a asociaciones pequeñas. En 2008, la Asociación de Fútbol de Madagascar (FMF) fue perdonada cuando la Cámara Administrativa del Tribunal Supremo local anuló el decreto ministerial por el cual se habían apartado a las autoridades futbolísticas; ese año, la Asociación de Fútbol de Chad (FTFA) fue multada tras los decretos presidenciales que removían de sus puestos a los titulares, e indultada tras la reposición; en 2006 fue penada la Asociación de Fútbol de Irán (IRIFF) porque sus nuevos estatutos habían sido redactados con los preceptos de la gubernamental Organización de Educación Física de la República Islámica de Irán (PEO); un caso similar al de la asociación Guatemalteca de Fútbol, la referencia más lejana en 2004 con la letra de los estatutos y código disciplinario en vigor.
El comentarista Enrique Macaya Márquez citó el proceso peruano en la última emisión del programa “Fútbol de Primera”. Evitó los detalles con especial determinación para que oficiara de confuso condicionante. El paso siguiente del batallón de periodistas del conglomerado que perdió el negocio fue, directamente, vincular al presidente de la AFA con las prácticas mafiosas. Acaso ahí deben haberse convencido de que era cierto lo que pasaba. Probablemente hayan imaginado a su nuevo rival con ancha sonrisa y diciendo que, en definitiva, “son sólo negocios”.
